En un momento clave para la protección del agua y los ecosistemas andinos, especialistas, científicas, organizaciones ambientales y académicos pusieron el foco en el proyecto del Ejecutivo que pretende modificar la Ley Nacional N.º 26.639, mejor conocida como Ley de Glaciares.
La iniciativa no fue planteada como una adaptación técnica, sino como un cambio que vacía de contenido los “presupuestos mínimos” de protección del agua, y que —según los y las expertas— beneficia a la megaminería e introduce inseguridad jurídica, dejando de lado criterios científicos y ecológicos fundamentales.

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